Gobierno reserva por 5 años datos sobre los 11 agentes de Tránsito dados de baja
Arlett Cárdenas | 17 de Noviembre de 2026 a las 13:56
Celaya, Gto.- Bajo el argumento de que revelar movimientos de personal compromete la seguridad pública, el Gobierno de Juan Miguel Ramírez clasificó como “información reservada” por un periodo de cinco años los detalles sobre los 11 elementos de Tránsito y Policía Vial dados de baja a principios de noviembre como parte de la reestructura de la dependencia.
La reserva de información surge como respuesta a una solicitud de transparencia con folio 2731/2026, mediante la cual se pidió conocer los nombres, fechas de ingreso y baja, antigüedad y el monto de los finiquitos de dichos exservidores públicos. Esta petición se derivó de las declaraciones que el propio director de Tránsito, Martín Filiberto García, ofreció el pasado 3 de noviembre, donde confirmó la salida de los 11 agentes.
Pero de toda la información que se solicitó el gobierno no emitió un solo dato.
A través del acuerdo de reserva con oficio DGOM-1818-2026, firmado por la Oficial Mayor, Liliana Rodríguez Ayala, la dependencia determinó que incluso el solo pronunciamiento sobre la existencia o inexistencia de estos datos debe mantenerse bajo llave hasta el año 2031.
Al aplicar la "prueba de daño" exigida por la ley estatal de transparencia, la autoridad municipal sostuvo que entregar de forma desglosada las fechas de baja y antigüedad permitiría a terceros o grupos delictivos reconstruir la conformación actual de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Según el documento oficial, dar a conocer variaciones en el número de elementos activos evidencia el estado de fuerza y las capacidades operativas de la corporación, lo que podría facilitar la planeación de ataques o actos ilícitos con superioridad numérica.
Para blindar los expedientes, el gobierno municipal invocó los artículos 125 y 126 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, así como el artículo 110 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los cuales establecen que los registros del personal policial son de consulta exclusiva para las instituciones de seguridad.
Respecto al impacto presupuestal que representarán estas 11 bajas para las arcas municipales, la Oficialía Mayor evitó proporcionar cifras. En el oficio se anexa la respuesta de la Jefatura de Finiquitos, la cual se limitó a informar que los expedientes "se encuentran en proceso de trámite de pago".
Por tal motivo, la dependencia concluyó que no existe todavía una determinación económica individual definitiva que pueda ser transparentada, aunque aseguró que la reserva de los datos operativos no exime al municipio de su obligación de rendir cuentas sobre el ejercicio de los recursos públicos una vez que concluyan los procedimientos administrativos.
El Jefe de Gabinete, Gustavo Palo alto Castillo, negó que esta respuesta sea una falta de transparencia.
“No falta transparencia porque ya lo dieron a conocer cuántos son, las liquidaciones y los montos dependen de la antigüedad y el sueldo de cada uno de ellos, no es lo mismo para todos, lo que sí ha indicado el Presidente es de que cuando se da de baja a alguien se le da con el 100 por ciento de los derechos que tiene para liquidarse”.
Se le preguntó si ya les pagaron y expresó: “Está en ese proceso porque se tiene que hacer todo un proceso administrativo para que se vea”.
Aseguró que sí habrá oportunidad de que la ciudadanía conozca la información.
“Podría ser que sí, ya cuando se terminen todos los cálculos y se haga el pago se puede informar”.
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